En la búsqueda de soluciones para evitar que reclusos usen las comunicaciones para causar delitos en la sociedad se afectan los servicios móviles, impidiendo así a los operadores cumplir sus obligaciones. Es importante que exista un trabajo colaborativo entre el Estado y el sector privado para establecer reglas claras al respecto, así como la definición de las responsabilidades de cada uno de los actores al momento de preservar la seguridad pública.

Los servicios móviles funcionan como una herramienta de conectividad y comunicación muy poderosa a lo largo de América Latina. Su uso abarcó a gran parte de las actividades económicas y sociales, como la educación, el trabajo, la producción y la salud, así como también se utilizan para actividades de carácter delictivo.

Dentro de estos últimos usos sobresale la comunicación desde las penitenciarías con fines extorsivos. Desde las autoridades estatales, muchas veces en colaboración con la industria, se buscaron soluciones para estas amenazas. Sin embargo, no siempre se alcanzaron acuerdos sobre la forma en que se deben suspender las comunicaciones dentro de los centros de detención.

Uno de los temas de conflicto es que las soluciones tecnológicas que existen para el bloqueo de señales de radiocomunicación dentro de un área alcanzan la efectividad, pero no resultan eficientes. En otras palabras, el bloqueo de señal en una cárcel logra anular las comunicaciones, aunque también genera riesgos de afectar el acceso móvil a las poblaciones cercanas. Esta problemática se destaca en el white paper “El bloqueo de señales de servicios móviles en América Latina 2018”, publicado por 5G Americas.

La nueva versión del estudio repasa las legislaciones que existen en diferentes países de América Latina para el uso de bloqueadores de señales móviles, incluyendo las modificaciones en la materia que se dieron en los dos últimos años. Asimismo, se explicitan las diferencias en la atribución de responsabilidades para usar este tipo de equipos, y se contraponen las iniciativas de seguridad con las demandas del Estado a las metas de cobertura y calidad de servicios de los operadores móviles.

Existen divergencias legislativas a lo largo de la región sobre quienes tienen la responsabilidad en el uso de los inhibidores: en algunos países se atribuye al Estado, mientras que en otras recae en los operadores. De todas formas, los operadores móviles de América Latina mostraron estar apegados a las normas, adoptando las medidas establecidas por las autoridades estatales sobre el uso de inhibidores de señal en los establecimientos carcelarios.

Las experiencias en la región muestran también que muchas veces los operadores móviles son penados, incluso penalmente, como cómplices de los delitos; en particular, cuando los bloqueos no son efectivos al cien por cien. El estudio remarca que no existe una solución totalmente efectiva del bloqueo de comunicaciones en las cárceles que sea inocuo para los servicios móviles de los usuarios que viven en las cercanías.

El estudio remarca que no es el deber de la industria de servicios móviles, como tampoco está a su alcance, corregir esta situación. Cada uno de los Estados de la región debe ocuparse de la seguridad de sus ciudadanos, estipulando de forma clara las alternativas necesarias para que las comunicaciones móviles no tengan fines delictivos.

El estudio El bloqueo de señales de servicios móviles en América Latina 2018 puede ser descargado aquí.